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El Puerto de Salaverry

Roberto Angulo Álvarez.


El 26 de julio, el Consejo Directivo de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada del Perú, ProInversión, aprobó la declaratoria de interés del proyecto contenido en la Iniciativa Privada Autofinanciada denominada “Modernización y Desarrollo del Terminal Portuario Multipropósito de Salaverry” presentado por Consorcio Transportadora Salaverry, dando así el punto de partida para otorgar en concesión nuestro primer puerto, uno de los más importantes del país.
El 4 de agosto se publicó en El Peruano la declaratoria de interés por lo que ya todo estaría listo para que dentro de 90 días, contados a partir del 5 de agosto, el Consorcio firme el contrato de concesión, si no hubiera otros proponentes.

 

 
 

A primera vista todo estaría bien, nuestro puerto recibiría una importante inyección de capital e iniciaría la tan anhelada modernización, pero leyendo entre líneas encontramos que los US$215’765,250.00 comprometidos no son completamente obligatorios, sino que la mayor parte está condicionada a la demanda futura. Si hay demanda hay inversión. Si no la hay no tendremos modernización. Pero el Proponente ya habría manejado el puerto por 30 años y en exclusividad.

Lo que el Consorcio propone es invertir, obligatoriamente, US$96’262,265.00 en cinco años: US$32’947,275.00 en los primeros tres años y US$63’314,990.00. en los dos siguientes. No se obliga a nada más, pero recibiría un puerto en pleno funcionamiento, con “recursos humanos, materiales e infraestructura óptimos que han contribuido a la atención ininterrumpida de todos los servicios portuarios requeridos, los 365 días del año 2016”. Tremendo negocio, reciben un bien que vale más de 700 millones de dólares y desde el primer día ya tendrán ingresos, sin haber invertido un solo centavo en el Terminal Portuario. Un regalo del cielo. Más bien del Estado peruano, es decir de todos nosotros.

Pero el regalo no viene solo, viene con aumento de tarifas, que llega al 100% de su valor actual - aunque en algunos casos el incremento alcanza proporciones descomunales de 700% - por lo que, al recibir el Terminal portuario de Salaverry, el concesionario tendría una expectativa de ingreso de 14 millones de dólares anuales, como mínimo, considerando que en los dos últimos años (2015 -2016) el promedio de ingresos ha sido de, aproximadamente, 7 millones de dólares. Es decir, duplica sus ingresos y tendría utilidades importantes. Lo que estaría bien si hubiera invertido en proporción, pero no será así, como ya lo hemos visto.

Todavía le dan más: exclusividad por 30 años. Obtenida gracias a un Acuerdo de Directorio de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) que califica al Terminal como “infraestructura portuaria nueva” por lo que tendrá el derecho a la ejecución y/o prestación exclusiva de todos y cada uno de los servicios portuarios que se puedan brindar dentro del Terminal a partir del inicio de la explotación”. Sin embargo, el Acuerdo contraviene el espíritu y letra del artículo 11.3 de la Ley N°27943, Ley del Sistema Portuario Nacional, que dice que solo se podrá otorgar “exclusividad al sector privado para la explotación de un área de desarrollo

portuario o de un área dentro de una zona portuaria, con la finalidad que se desarrolle, construya y equipe por cuenta y riesgo del titular del contrato, una infraestructura portuaria nueva” y especifica: “la construcción de infraestructura portuaria anteriormente inexistente”, lo que no es el caso del puerto de Salaverry ya que tiene casi 60 años de construido. Otra condición para dar en exclusividad el puerto es la “implementación de mejoras en la infraestructura existente, que aumenten la capacidad operativa de un terminal en un porcentaje mayor al 50%”, a lo que no se obliga el inversionista, por lo que no cumple con este requisito y, por último, “que la inversión comprometida supere en 50% o más el último valor de mercado disponible, de la infraestructura e instalaciones a ser administradas” - el puerto tiene un valor mínimo de 700 millones de dólares - por lo que tendrían que invertir 350 millones de dólares, lo que tampoco sucede, porque el Consorcio proponente solo invertirá un poco más de 96 millones de dólares. Como hemos comprobado, en ningún caso el inversionista cumple la Ley como para tener, en exclusividad, la concesión del terminal portuario de Salaverry.

Sin embargo, eso no es todo. Haciendo un paralelo histórico con la concesión del terminal portuario de Matarani, entregado al mismo Grupo Romero, vemos que éstos pagaron 9,6 millones de dólares por el derecho de concesión del puerto de Matarani; mientras que por la concesión del puerto de Salaverry no pagarán un centavo. Asimismo, ahora pagan una retribución del 5% de ingresos brutos por la explotación del terminal portuario de Matarani, mientras que por la explotación del terminal portuario de Salaverry pagarán el 3% de los ingresos mensuales, sin considerar impuestos. Es decir, por la explotación del puerto de Salaverry pagarán menos de la mitad de lo que pagaron por el de Matarani.

Esta serie de indicadores nos da pie para entender lo que pasa en esta Iniciativa Privada que llevaría a la increíble concesión del terminal portuario de Salaverry. El resultado es la entrega del puerto a cambio de muy poco o, mejor dicho, a cambio de casi nada. El único que gana es el Consorcio proponente, vulnerando el elemental principio económico que señala que en un negocio deben ganar todos los que participan, según el capital invertido. En este asunto el Estado pone el capital: una infraestructura en pleno funcionamiento, en la que hemos invertido mucho dinero y se queda con una exigua mensualidad; en cambio, el proponente pone muy poco, pero se lleva todos los ingresos presentes y futuros además de las expectativas económicas y financieras a corto, mediano y largo plazo.

Conocemos como opera un Gobierno entreguista. Primero, desvaloriza el bien a entregar, en Salaverry no invierte en el mantenimiento de la infraestructura; en simultáneo, no permite el alza de tarifas a fin de tener al puerto al borde de la insolvencia, manifestando que da pérdida; asimismo no invierte en equipo nuevo y moderno para que sus operaciones sean lentas y costosas, como sucede con las dragas Marinero Rivas y Arciniegas, por lo que tiene que alquilar otras dragas a precios exorbitantes pagados por el terminal. Disminuido el valor del puerto arreglan con una empresa “salvadora” para que “invierta” en reflotar el negocio dándole todas las facultades que le negaron a la administración nacional.
 

Roberto Angulo Álvarez.

 
         
 

 

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