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Perú: Minería, gobierno y
policías
Jorge Paredes Romero
Periodista y
humanista peruano
Perú es un país que desde hace muchos años se encuentra en medio de
muchos conflictos sociales alrededor de temas varios: educación,
salud, salarios, etc., pero los que más se han hecho notorios son
los temas mineros, entre los cuales mencionaremos Conga en
Cajamarca, Tía María en el Valle de Tambo Las Bambas en Apurímac,
Rio Blanco en Piura, etc.
Justamente esta empresa de Piura ha sido denunciada y también la
policía, por las torturas efectuadas a 28 campesinos en Agosto del
2005, esto no significa que sea solo a partir de esa fecha, no,
antes han existido más problemas y muertes, pero mencionamos esta,
porque compromete a la policía nacional a quien alguien ha
adjetivado como mercenarios, asesinos a sueldo y no estarían lejos
de la verdad, ya que tenemos información que existen convenios de un
número determinado de empresas mineras con la policía nacional y se
mencionan nombres de generales firmantes, que compromete a la
policía en proteger a las mineras, entonces allí está la explicación
del porque se movilizan miles de efectivos a todos esos lugares
mencionados y también la aparición de la ley 30151, de la cual la
Defensoría del Pueblo dice que pone en riesgo la vida y que la
modificación del Código penal ha sido innecesaria, y que ello podría
generar confusiones y creo yo que esta ley ha salido a exigencias de
los policías, quienes desean verse protegidos y que sus excesos sean
cubiertos por la impunidad, como que así está sucediendo, ya que
esta ley crea inimputabilidad para los policías que hicieran uso de
sus armas letales.
Debido a las torturas a las que fueron sometidos estos 28 campesinos
en el campamento minero de la Empresa Río Blanco Cooper (Ex Majaz
S.A.) en Agosto del 2005, la Fiscalía Provincial de Huancabamba
habría formulado acusación contra 14 efectivos policiales (entre
ellos 2 Coroneles) solicitando se les imponga 10 años de pena
privativa de libertad, en la resolución se señala que los efectivos
policiales, con el fin de castigarlos, causaron graves sufrimientos
físicos y mentales a los campesinos agraviados y todo por haber
participado en la marcha de sacrificio pacífica, que realizaron los
integrantes de diferentes comunidades campesinas de Piura y
Cajamarca, poblaciones que serían afectadas por el desarrollo del
proyecto minero Río Blanco, en las provincias de Huancabamba y
Ayabaca.
Las cosas se calmaron y hubo una relativa tranquilidad un tiempo,
pero el año 2014 los dirigentes de Ayabaca y Huancabamba, se
mostraban muy preocupados ante el posible retorno del “Proyecto Río
Blanco”, cuando se habla de dirigentes se involucra aquí a
ciudadanos, campesinos, ronderos, es decidir a los representantes de
toda la comunidad, ellos argumentan que el Estado quiere imponer a
la fuerza dicho proyecto, incluso hablan que la presencia de la
minera es activa, no obstante no tener la licencia social de la
población y que en ese año habrían contratado a la consultora Social
"Capital Group", para hacer entrevistas a dirigentes y exdirigentes de
la zona, como parte de un “estudio de percepciones”, que muchos
creen podría ser el capítulo referido al componente social del
Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero.
Se habla de una convivencia sana entre minería y agricultura, esa es
la idea que se quiere introducir y se utiliza los medios radiales
para convocar a talleres de concientización, pero paralelamente
realizan persecuciones e intimidaciones a los dirigentes, como
cuando se detuvo al Pdte. del Frente del medio Ambiente de
Huancabamba, Don Pedro Ponte Guerrero y sin motivo alguno lo
encerraron 24 horas.
De modo que han habido torturados, también fallecidos, lo cierto es
que hay gente que está luchando por preservar el sistema de páramos
y bosques de neblina, como ecosistema frágil como parte de la
seguridad del ecosistema piurano.
Lo cierto es que Ayabaca exige el retiro de la minera Rio Blanco,
los pobladores se unen para rechazar la posible contaminación que
podría causar la explotación minera en el lugar.
Ya la población asistió a una consulta popular y votaron
mayoritariamente en contra de la presencia de las empresas mineras
en sus jurisdicciones, los habitantes de esta parte del país, salieron
a las calles para rechazar una vez más la presencia de la compañía Rio Blanco Copper S.A., antes minera Majaz, fue un gran triunfo de
la población porque el 97% le dijo “no a la mina”, los vecinos de
esa provincia defienden un modelo de desarrollo basado en la
agricultura y en la ganadería, y que ello se vería afectado por las
operaciones mineras.
Últimamente han habido protestas y tenemos imágenes que nos han
llegado a través de las redes sociales, podemos ver la forma brutal
como se está comportando la policía, que ahora sabemos lo hacen
porque hay convenios entre la policía nacional y las empresas
mineras en busca de protección, lo cual nos revela además la razón
por la que las ciudades están desprotegidas, debido a que miles de
efectivos policiales estarían dedicados a cumplir estos “convenios promineros”, cuando su verdadera función es proteger a la ciudadanía
de la delincuencia. Hay dinero de por medio, entonces hay corrupción
y se dice incluso que esos convenios serían anticonstitucionales.
Se nos informa que estos últimos
heridos, fueron a raíz de la corrupción que estaría enquistada en la
municipalidad y que el reelecto alcalde (desde 1990 - 25 años) Don
Humberto Marchena Villegas, estaría siendo financiado por esta
minera, nos indican que estas serían las consecuencias y que esta
persona goza de mucho poder en el poder judicial, fiscalía, JNE, y
demás organismos del estado, se nos informa que la Comisión de
fiscalización del Congreso lo estaría investigando, haremos un
seguimiento a estas noticias.
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