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Fiscalía investiga a Dionisio Romero por fraude en concesión de Matarani, es el titular del artículo firmado por Elizabeth Cavero y publicado en el diario “LA REPUBLICA” el día de hoy lunes 15 de Diciembre del 2003.
No
voy a negar que ello me hizo dar un brinco ya que refleja el sentir
de muchísimos pobladores de Islay, tal vez no de todos porque hay
también de los traidores y que usufructúan de la dolosa concesión.
Han transcurrido casi cinco años de aquella insólita operación permitida por quienes debieron defender los derechos, indudablemente el pueblo debió tomar cartas en el asunto liderados por quienes en aquel entonces eran sus autoridades, elegidas en la urna electoral y que hoy repiten el plato en el cargo. Me refiero al CPC. Miguel Román Valdivia y al Sr. César Falla Failock. ¡ Cosas del destino ¡ Quienes lo permitieron ahora están en el cargo y me imagino también recibirán la condena del pueblo.¡Se lo merecen¡
Justamente en otro comentario de
Manuel Dammert
Ego Aguirre nos aclara y hay una prueba
que incluso compromete al actual Alcalde de Matarani, Cesar Falla en
la subvaluación de los bienes de Matarani.
Sabemos de buena fuente
que
cuando se apersona a las instalaciones del puerto, aun en manos de
Enapu, una comisión municipal que evaluaría los predios de Enapu
para la consiguiente cancelación de impuestos municipales se
descubre que hay una omisión de muchísimos bienes y esto es elevado
a la oficina de la Alcaldía, sin embargo se hace caso omiso de tal
información y se omite registrar lo descubierto, permitiéndose
entonces una omisión en la valuación real del puerto. Esto a su vez
permite que PeruInvest determine una valoración “equivocada” de los
bienes a concederse, es mas sabemos que en ese entonces se incluye
en la cesión mas de un millón y medio de metros cuadrados de área
que pertenece al estado y que no se incluyen en los términos de
concesión. Es decir todo esto es un escándalo.
El
Grupo Romero tenía planificado apoderarse de puertos peruanos claves
entre ellos estaba Callao, Ilo y Matarani, cuando se descubre esto
ya era tarde para el puerto de Islay, ya estaba “concesionado” se
salvo Ilo, Callao y otros puertos de Perú. Pero hoy desde hace diez
años se tiene entrampada la Ley de Puertos y su reglamentación, todo
encabezado en estos días por el Sr. Woodman desde su grupo de
empresarios y el Sr. Romero desde la Asociación de Bancos quienes
deben tener tentáculos siniestros en otros órganos, como el
Legislativo y el Ejecutivo. Todo esto interfiere en la elaboración
de un Plan Nacional Portuario y en la conformación efectiva de la
Autoridad Portuaria Nacional.
Ahora, si bien el fujimontesinismo han sido derrotados (¿) debería
el Sr. Toledo sentar las bases políticas para que la ley tenga
cumplimiento y la razón concuerde con ella, sin embargo debemos
acotar que esto no es así, la mafia enquistada a todo nivel sigue
obrando malévolamente, incluso en los que ocupan cargos importantes
hay quienes tienen inyectado el virus de la corrupción y en esto
emplazaríamos al Sr. Olivera, quien tiene con el FIM las carteras de
Justicia y Transportes, claves en este asunto, por qué no cumple con
su slogan trillado de “ ....hay que extirpar el cáncer de la
corrupción...” y le escuchamos decir esto o es que la memoria no le
ayuda o tal vez sus actos ahora no concuerdan con su verbo. ¿ Cuál
será la verdad ?
El
apoderamiento de Matarani tiene una sola explicación y es el afán
mercantilista del Grupo Romero y la necesidad de contar con puertos
claves, ya instalados y en los cuales apenas invirtió de acuerdo con
las cláusulas establecidas en el doloso documento, todo estaba
fríamente calculado y permitido. La sub valoración del bien, la
inversión a futuro, los plazos de entrega, prácticamente 60 años y
seguramente mas renovaciones, es decir una eternidad. ¡ Qué ganga,
no ?
Todo estuvo digitado desde la salita del SIN, desde la desaparición
de los otros postores que dificultaba los planes del Grupo Romero,
la subvaluación, los agregados post firma al documento, las
inversiones futuras y sabe Dios qué otros malévolos propósitos
tenían en mente.
Es
la Tercera Fiscalía Especializada quienes investigaran las gravísima
irregularidades cometidas en dicha operación comercial entre el
Estado y la empresa Santa Sofía Puertos del Grupo Romero.
Recuerdo en Julio del 2002, mientras me encontraba en la ciudad de Mollendo, realizando un trabajo de investigación socio económico y paralelamente me desempeñaba de comentarista radial, en aquel entonces hacíamos un seguimiento exhaustivo del trabajo que realizaba la Comisión Investigadora de los Delitos Económicos y Financieros, justamente, días antes de Fiestas Patrias y que debió ser motivo de un gran festejo sin embargo todos quedaron callados, se preparaban para los Comicios del Noviembre del mismo año. Es precisamente el 10 de Julio del 2002 en que fue aprobado en el pleno del Congreso con 61 votos. Desde allí estuvimos esperando el siguiente paso que ahora vemos cumplimentado y que tantas veces exigimos a través de comentarios en la red y en la radio y hasta en algún encuentro que tuvimos con el Congresista Diez Canseco en Mollendo y luego en Lima. Por esto es que nos alegramos que se haya dado tan importante paso, sin embargo resta que el procedimiento se agilice y tenga suficiente resultado para que dicho puerto esté en manos del pueblo, mas aún ahora que la entrampada Ley de Puertos contempla puntos que resultarían beneficiosos de ser así, de otro modo siempre resultará un puerto en manos ajenas. Debemos también asumir una actitud de expectativa serán incluidos en la investigación los funcionarios del Cepri y del Ministerio de Transportes que en aquel entonces permitieron la firma del Contrato de Concesión fraudulento, ya que serán denunciados como autores y los empresarios y abogados del Grupo Romero han sido declarados como cómplices e instigadores Estamos hablando del Presidente del Grupo Romero Dionisio Romero Seminario quien es también Presidente de la Asociación de Bancos y de muchísimas empresas más. Junto a el tendremos encausados al inefable Arturo Woodman Pollit, quien ahora desde otro estrado pretende distorsionar la Ley de Puertos y su reglamentación. Siempre observamos, con reiteración la adenda en una página final -sin los sellos ni firmas correspondientes- en la que se indicaba que el operador no sería Stevedoring Service of America (SSA), sino Santa Sofía Puertos.
A la firma del
contrato figuraba como operador justamente a Stevedoring Service of
America (SSA) ya que de haberse presentado Santa Sofía Puertos
hubiese sido rechazado, esto se reafirma en los siguientes términos:
“Los funcionarios del CEPRI interrogados en el Congreso
admitieron que Santa Sofía no hubiese podido ni siquiera presentar
los sobres con las propuestas económica y técnica. Stevedoring
Service of America SSA era, en cambio, un operador portuario
internacional con la experiencia y capacidad adecuadas.” Estas dos anotaciones fueron hechas en el documento post firmas y sellos por lo que carecían de validez, sin embargo fueron efectivizadas sin observación alguna, de haberse observado a tiempo esto hubiera viciado el contrato y nunca hubiéramos tenido al Grupo Romero presentes en el Puerto de Matarani, sin embargo durante casi cónico años los tenemos ya y dependerá de la agilidad del trámite del Ministerio Público y del Judicial en su debido momento, para que el asunto quede zanjado con una sentencia que revierta las cosas a su origen correcto. Este asunto debería estar en la agenda de autoridades, dirigentes líderes de la provincia de Islay como prioritario, sin embargo no es así, lamentablemente esas personas lejos de preocuparse por restablecer la justicia viven a expensas de la poderosa empresa, permiten que se siga explotando mediante otros manejos a la población, conviven con ella y han llenado de emblemas verdes a Mollendo y Matarani y lo mismo hacen con otras todopoderosas como Graña y Montero dueño de todos los terminales de combustibles situados en la costa peruana e interiores del país, dueña de los peajes abusivos y asociada a muchas obras que se realizan en Perú, entre ellas la de Camisea. Aquí hay mucho pan que rebanar y lo haremos pese a quien le pese.
Jorge Paredes Romero DNI 10380914
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